El Frente de Guerra Oriental del ELN hizo público que aplicó un “juicio revolucionario” contra cuatro miembros de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados desde el 8 de mayo del año pasado en Arauca.
Los secuestrados son Rodrigo López y Jesús Antonio Pacheco, agentes del CTI de la Fiscalía; y Franki Esley Hoyos y Yordin Fabian Pérez, agentes de la Dijín de la Policía. La guerrilla los acusa de espionaje y, actuando como una autoridad legítima, les impuso una “sentencia condenatoria” que amplía el tiempo de secuestro, como si fuera una pena de prisión.
En un video, la guerrilla dijo que no los condena a “pena capital”, o sea matarlos, sino a lo que llaman “prisión revolucionaria”, o sea, mantenerlos secuestrados entre 55 y 60 meses más.
Esta mañana, familiares de los secuestrados hablaron en Caracol Radio sobre cómo vieron en los videos a sus seres queridos. Dijeron que no los veían bien ni física ni mentalmente, que solo estaban cumpliendo su deber y que no han recibido apoyo frente a su situación.
Mientras mantiene a los agentes secuestrados -lo que es un delito de lesa humanidad- el Comando Central del ELN propuso a comienzos de esta semana un “acuerdo nacional” con el próximo gobierno que sea elegido en las presidenciales y rechazó ser un grupo narco, como dijo el presidente Gustavo Petro.
El ministro de Defensa rechazó el anuncio de la guerrilla. Pedro Sánchez enfatizó en que el ELN no es ninguna autoridad judicial para proferir sentencias y que, por el contrario, está cometiendo crímenes de guerra. “Por este delito que están cometiendo, el secuestro, se da una pena de hasta 40 años de prisión”, añadió.
Les pidió unidad a la comunidad internacional, a organismos internacionales y a la Iglesia para exigir la liberación de los uniformados.
“Que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad”. Cuenta Iris Marín, la defensora del Pueblo, quien calificó como “inadmisible” la acción del ELN e insistió en que va en contra del derecho internacional.
Añadió que las familias de los funcionarios secuestrados, que acudieron a la Defensoría, “han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del gobierno nacional”.
